El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) pide al Gobierno que apruebe una Ley Estatal de Garantía de Derechos Sociales que establezca un mínimo de derechos para todos.
Así lo ha dicho a preguntas de los periodistas el presidente del Cermi estatal, Luis Cayo Pérez, tras la inauguración del VI Congreso de los Cermi Autonómicos que tratan en Toledo sobre las propuestas que van a llevar a los poderes públicos en las próximas elecciones autonómicas y generales.
Así, de igual forma que se han establecido unos tiempos mínimos de espera para ser atendido en los centros sanitarios con independencia de la comunidad autónoma en la que se vive, los discapacitados van a proponer, de cara a las elecciones generales de 2012, una ley estatal que establezca unos mínimos en cuanto a los derechos sociales.
Cayo ha aclarado que no piden que el Estado provea y llegue a cada pueblo, a cada municipio a dar el servicio social, pero si que haya una ley estatal que obligue a unos resultados, de manera que todos los poderes públicos, tanto autonómicos como municipales estén obligados a dar al menos lo mínimo e igual a todos los españoles en cualquier parte de España.
El responsable estatal del Cermi ha aclarado que no piden un acuerdo entre administraciones, sino, «una norma que sea imperativa» para que haya unos resultados sociales iguales para todos y luego que cada comunidad puede mejorar, pero, al menos que haya una garantía de mínimos.
Cayo Pérez ha reconocido, no obstante, que la crisis «no es buen momento» para invertir en las políticas de inclusión, que son las que nos afectan directamente a las personas con discapacidad, una circunstancia que afecta a cuatro millones de personas, el 10% de la población, y a diez millones si se tiene en cuenta a sus familias.
«En épocas de bonanza nos llegan (las inversiones) con más retraso los efectos positivos del crecimiento económico y en épocas de retroceso nos llegan con más virulencia las repercusiones negatias», ha dicho Cayo Pérez, que ha precisado que ello se nota en el desempleo y en los índices de pobreza, que se incrementan.
Además, «la crisis es la coartada de los políticos para no hacer porque no hay dinero».
Pero, la política no sólo se hace con dinero, sino también con otras medidas que tienen un efecto más indirecto y más difuso y por eso, en este momento, «lo que planteamos son medidas que tienen menos impacto, pero que transforman el día a día de las personas con discapacidad».
Preguntado si hay diferencias en materia social en función del color político de cada comunidad autónoma, el presidente estatal del Cermi ha dicho que «desde una perspectiva estatal, no se aprecia el color político entre ideologías de derechas o de izquierdas o más o menos nacionalista».
La sensación general -ha dicho- es que las políticas sociales y de discapacidad se parecen demasiado, más allá de quien las lleve a cabo y del signo político que las promueva y en ese sentido es preocupante.»Se parecen por lo bajo, tienden a asimilarse en el suelo y no en el cielo».
No obstante, en España, «el movimiento asociativo es mucho más pujante, mucho más exigente y más tramado que en otros países europeos, donde el mucho apoyo genera pasividad».